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30/04/2021

El castigo irresponsable a las viviendas vacías: más IBI

Pocos dudan que el derecho constitucional «a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» ha quedado condenado al ostracismo del sector público y privado. No ya la propiedad, anhelo del español medio fuera del alcance del pauperizado consumidor medio, sino el alquiler. Ni siquiera tenemos albergues públicos de calidad suficientes para evitar que las familias desamparadas y expulsadas del mercado inmobiliario privado tengan, al menos, un techo público digno donde cobijarse.

Mientras tanto, promociones a medio hacer y viviendas desvencijadas duermen el sueño de los injustos en el balance del banco muy malo, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), engendro público-privado al que traspasaron activos inmobiliarios y deudas por importe de unos 50.000 millones, pagados a precios hinchados a las cajas de ahorro que se suponía estábamos rescatando.
Fue durante el rescate de 64.000 millones al sistema financiero que se podría y debería haber puesto a disposición del sector público ingentes cantidades de inmuebles, que con un buen plan de reforma y construcción, se podrían haber utilizado para vivienda social en alquiler, no solo para las capas más pobres, sino para el consumidor medio que hoy en día no puede hacer frente a según qué alquileres privados. Esa vía se dejó morir sin disimulo antes incluso de empezar a funcionar.
Lo que hicieron mal nuestros políticos, azuzados por el poder financiero y su maquinaria propagandística, ahora tiene compleja solución sin pervertir los cimientos de la propiedad privada. El sistema tributario funciona para alterar tendencias, pero difícilmente funciona cuando hay que taponar una salida de agua de semejantes dimensiones. Utilizar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), impuesto municipal obligatorio de gestión compartida con el Estado, para gravar de forma más intensa las propiedades vacías de los tenedores con más de 3 viviendas, según algunos borradores elaborados por el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España que se han filtrado, es usar perdigones para matar aviones. Eso sin contar que el perdigón puede acabar hiriendo el ojo de cualquier buena familia que pase por allí.
Aplicar un recargo del 50% sobre el tipo final del IBI, en primer lugar, es castigar en lugar de incentivar. Y en política pública, los incentivos bien dirigidos y con la intensidad suficiente me gustan más y pueden funcionar mejor. Además, cada ayuntamiento mediante sus ordenanzas fiscales fija un tipo diferente, con unos límites mínimos y máximos aplicables al valor catastral (en bienes inmuebles, entre un 0,4% y un 1,10%). Es decir, que ni la base imponible (el valor catastral) es un valor de mercado, ni todos los contribuyentes pagan la misma cuota. Más sentido tiene utilizar el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto de Sociedades (IS) para aumentar la tributación de las rentas inmobiliarias presuntas o, mejor, incentivar fiscalmente la puesta a disposición en alquiler.



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